Preguntas y respuestas: Ley de Servicios Digitales

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La nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea aprobada recientemente, se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenidos

Texto preparado por el departamento de prensa de la Comisión Europea

¿Qué es la Ley de Servicios Digitales?
La Ley de Servicios Digitales regula las obligaciones de los servicios digitales que actúan como intermediarios en su función de conectar a los consumidores con bienes, servicios y contenidos. Esto incluye, entre otros, los mercados en línea.
Protegerá mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea, establecerá un sólido marco de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas en línea y dará lugar a un mercado único y uniforme en la UE.
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre las nuevas normas el 23 de abril de 2022 y la Ley de Servicios Digitales entró en vigor el 16 de noviembre de 2022 tras su publicación en el Diario Oficial de la UE el 27 de octubre de 2022.

La Ley de Servicios Digitales es un Reglamento que será directamente aplicable en toda la UE. Algunas de las obligaciones son las siguientes:
• Medidas para luchar contra los contenidos ilícitos en línea, incluidos los bienes y servicios ilícitos. La Ley de Servicios Digitales impone nuevos mecanismos que permiten a los usuarios señalar contenidos ilícitos en línea y a las plataformas cooperar con «alertadores fiables» especializados para detectar y eliminar contenidos ilícitos;
• Nuevas normas para localizar a los vendedores en los mercados en línea, ayudar a generar confianza y perseguir más fácilmente a los estafadores; una nueva obligación por parte de los mercados en línea de comprobar aleatoriamente con las bases de datos existentes si los productos o servicios de sus sitios son conformes; esfuerzos sostenidos para mejorar la trazabilidad de los productos mediante soluciones tecnológicas avanzadas;
• Salvaguardias eficaces para los usuarios, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas basadas en una nueva información obligatoria para los usuarios cuando sus contenidos sean retirados o restringidos;
• Medidas de transparencia de amplio alcance para las plataformas en línea, incluida una mejor información sobre las condiciones, así como transparencia sobre los algoritmos utilizados para recomendar contenidos o productos a los usuarios;
• Nuevas obligaciones para la protección de los menores en cualquier plataforma de la UE;
• Obligaciones de las plataformas muy grandes y de los motores de búsqueda de evitar cualquier abuso de sus sistemas mediante la adopción de medidas basadas en el riesgo, tales como supervisión de su gestión de riesgos por parte de auditores independientes. Las plataformas deben mitigar riesgos como la desinformación o la manipulación electoral, la ciberviolencia contra las mujeres o los daños a los menores en línea. Estas medidas deben sopesarse cuidadosamente con las restricciones de la libertad de expresión y están sujetas a auditorías independientes;
• Un nuevo mecanismo de respuesta a las crisis en caso de amenaza grave para la salud pública y las crisis de seguridad, como una pandemia o una guerra;
• Prohibición de la publicidad personalizada en plataformas en línea mediante la elaboración de perfiles de niños o sobre la base de categorías especiales de datos personales, como etnia, opiniones políticas u orientación sexual. Una mayor transparencia para toda la publicidad en las plataformas en línea y las comunicaciones comerciales de los influyentes;
• La prohibición de utilizar los denominados «patrones oscuros» en la interfaz de las plataformas en línea, haciendo referencia a trucos engañosos que manipulan a los usuarios para que tomen decisiones que no tenían intención de tomar;
• Nuevas disposiciones para que los investigadores tengan acceso a los datos de las plataformas clave a fin de examinar el funcionamiento de estas y la forma en que evolucionan los riesgos en línea.
• Los usuarios tendrán nuevos derechos, incluido el derecho a presentar una reclamación ante la plataforma, buscar acuerdos extrajudiciales, presentar una reclamación a su autoridad nacional en su propia lengua o solicitar una indemnización por incumplimiento de las normas. Las organizaciones representativas también podrán defender los derechos de los usuarios en caso de infracciones graves de la ley;
• Una estructura de supervisión única. La Comisión será el principal regulador de las grandes plataformas en línea (que llegan a 45 millones de usuarios), mientras que otras plataformas estarán bajo la supervisión de los Estados miembros en los que estén establecidas. La Comisión dispondrá de competencias de ejecución similares a las que tiene en el marco de procedimientos antimonopolio. Se establecerá un mecanismo de cooperación a escala de la UE entre los reguladores nacionales y la Comisión;
• Las normas sobre responsabilidad de los intermediarios han sido reconfirmadas y actualizadas de nuevo por el colegislador, incluida una prohibición a escala europea de las obligaciones generalizadas de supervisión.

¿Define la Ley de Servicios Digitales qué es ilegal en línea?
No. Se establecen nuevas normas a escala de la UE que abarcan la detección, la indicación y la retirada de contenidos ilícitos, así como un nuevo marco de evaluación de riesgos para las grandes plataformas en línea y los motores de búsqueda sobre la difusión de contenidos ilícitos en su servicio.
Lo que constituye contenido ilícito se define en otras leyes, ya sea a escala de la UE o nacional, por ejemplo, contenidos terroristas, material de abuso sexual a menores o incitación ilegal al odio se definen a escala de la UE. Cuando un contenido solo sea ilícito en un Estado miembro determinado, por regla general solo debe retirarse en el territorio en el que sea ilegal.

¿Sustituirá la Ley de Servicios Digitales a la legislación sectorial específica?
No. La Ley de Servicios Digitales establece normas horizontales que abarcan todos los servicios y todos los tipos de contenidos, bienes o servicios ilícitos. No sustituye ni modifica, sino que complementa la legislación sectorial, como la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA), la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, el acervo en materia de protección de los consumidores o la propuesta de Reglamento sobre la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea.

¿Cuáles son las normas vigentes y por qué deben actualizarse?
La Directiva sobre el comercio electrónico, adoptada en 2000, ha sido el principal marco jurídico en materia de prestación de servicios digitales en la UE. Se trata de un marco jurídico horizontal que ha sido la piedra angular de la regulación de los servicios digitales en el mercado único europeo.
Han cambiado mucho las cosas en 20 años y es necesario actualizar las normas. Las plataformas en línea han aportado importantes ventajas para los consumidores e innovación, han facilitado el comercio transfronterizo dentro y fuera de la Unión, y han brindado nuevas oportunidades a diversas empresas y comerciantes europeos. Al mismo tiempo, se abusa de ellas para difundir contenidos ilícitos o vender bienes o servicios ilegales en línea. Han surgido algunas plataformas muy grandes como espacios casi públicos para el intercambio de información y el comercio en línea. Estas plantean riesgos especiales desde el punto de vista de los derechos de los usuarios, los flujos de información y la participación de la población. Además, la Directiva sobre el comercio electrónico no especificaba ningún mecanismo de cooperación entre las autoridades. El principio del «país de origen» significa que la supervisión se confió al país de establecimiento.
La norma sobre servicios digitales se basa en las disposiciones de la Directiva sobre el comercio electrónico y aborda problemas concretos surgidos en relación con los intermediarios en línea. Los Estados miembros han regulado estos servicios de manera diferente, creando barreras para las empresas más pequeñas que desean expandirse y crecer en toda la UE, y ofreciendo diferentes niveles de protección a los ciudadanos europeos.
Mediante la Ley de Servicios Digitales se eliminarán las cargas jurídicas innecesarias derivadas de diferencias legales, fomentando un mejor entorno para la innovación, el crecimiento y la competitividad, y facilitando la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes. Al mismo tiempo, protegerá por igual a todos los usuarios de la UE, tanto en lo que se refiere a su seguridad frente a los bienes, contenidos o servicios ilícitos como a sus derechos fundamentales.

¿Cuál es la importancia de la regulación de los intermediarios a escala mundial?
Las nuevas normas constituyen un paso importante en la defensa de los valores europeos en el espacio en línea. Respetan las normas internacionales en materia de derechos humanos y ayudan a proteger mejor la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.
La Ley de Servicios Digitales establece disposiciones estrictas sobre una intervención eficaz, el respeto de las garantías procesales y la protección de los derechos fundamentales en línea; mantiene un planteamiento equilibrado en materia de responsabilidad de los intermediarios y establece medidas eficaces para hacer frente a los contenidos ilícitos en línea y los riesgos que representan para la sociedad. De este modo, el objetivo de la Ley es establecer una referencia para la regulación de los intermediarios en línea también a escala mundial.

¿Se aplicarán estas normas a las empresas de fuera de la UE?
Se aplicarán en el mercado único de la UE, sin discriminación, también a los intermediarios en línea establecidos fuera de la Unión Europea que ofrezcan sus servicios en el mercado único. Cuando no estén establecidas en la UE, tendrán que nombrar un representante legal, como ya hacen muchas empresas como parte de sus obligaciones derivadas de otros instrumentos jurídicos. Al mismo tiempo, los intermediarios en línea también se beneficiarán de la claridad jurídica de las exenciones de responsabilidad y de un conjunto único de normas cuando presten sus servicios en la UE.

¿Incluye la Ley de Servicios Digitales disposiciones relativas a la fiscalidad digital?
No, la propuesta de la Comisión de un impuesto digital provisional sobre los ingresos procedentes de actividades digitales es una iniciativa independiente de la Ley de Servicios Digitales, pues esta no contiene ninguna disposición en el ámbito de la fiscalidad.

 

2. Impacto en los usuarios

¿Cómo se beneficiarán los ciudadanos de las nuevas normas?
Las plataformas en línea desempeñan un papel cada vez más importante en la vida cotidiana de los europeos. Las normas crearán una experiencia en línea más segura para que los ciudadanos expresen libremente sus ideas, se comuniquen y compren en línea reduciendo su exposición a actividades ilegales y mercancías peligrosas, y garantizando la protección de los derechos fundamentales. Entre las ventajas que presenta cabe citar:
• Mejores servicios para los consumidores: Las plataformas en línea tendrán que identificar a sus usuarios empresariales y aclarar quién vende un producto u ofrece un servicio; esto ayudará a localizar a los comerciantes deshonestos y protegerá a los compradores en línea frente a los productos ilegales, falsificados y peligrosos. El mercado en línea estará obligado a informar a los consumidores que adquirieron un producto o servicio cuando tengan conocimiento de la ilegalidad de dichos productos o servicios, sobre a) la ilegalidad, b) la identidad del comerciante y c) cualquier medio de reparación pertinente. Comprobarán aleatoriamente la documentación de los productos vendidos en su plataforma y deberían basarse cada vez más en soluciones mejoradas de trazabilidad de los productos, a fin de garantizar que cada vez menos productos no conformes lleguen a los consumidores europeos.
• Nuevos derechos para los usuarios: Al mismo tiempo, los ciudadanos podrán notificar los contenidos ilícitos, incluidos productos, que encuentren e impugnar las decisiones adoptadas por las plataformas en línea cuando se supriman sus contenidos: las plataformas estarán obligadas a notificarles toda decisión adoptada, a explicarles el motivo de tal decisión y a establecer un mecanismo para impugnarla.
• Mayor transparencia en la publicidad: También recibirán más información sobre los anuncios que están viendo en las plataformas en línea, por ejemplo, si un anuncio se dirige específicamente a ellas y por qué. Las plataformas ya no difundirán anuncios específicos para menores y dejarán de presentar anuncios a sus usuarios recurriendo a la elaboración de perfiles basados en categorías especiales de datos personales, como origen étnico, opiniones políticas u orientación sexual.
• Más responsabilidades para las plataformas de muy gran tamaño: Se introducirán normas específicas para las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que lleguen a más de 45 millones de usuarios, habida cuenta de su impacto sistémico en la facilitación del debate público, las transacciones económicas y la difusión de información, opiniones e ideas. Cuando estas plataformas recomienden contenidos, los usuarios podrán modificar los criterios utilizados y optar por no recibir recomendaciones personalizadas. Los ciudadanos no tendrán que fiarse de la palabra de estas empresas, sino que podrán examinar sus acciones a través de los informes de auditores independientes e investigadores seleccionados.
• Consecuencias más claras: Los usuarios podrán reclamar una indemnización a los prestadores de servicios intermediarios por cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia de una infracción de la Ley de Servicios Digitales por parte de dichos proveedores.

¿Qué medidas propone la legislación para combatir los contenidos ilícitos?
La Ley de Servicios Digitales establecerá medios eficaces para que todos los agentes del ecosistema en línea combatan no solo los contenidos ilícitos, sino también los bienes y servicios ilegales.
• Los usuarios tendrán la facultad de denunciar los contenidos ilícitos de manera sencilla y eficaz.
• Se creará un canal privilegiado para que los alertadores fiables (entidades que hayan demostrado experiencia y competencia especiales) denuncien contenidos ilícitos a los que las plataformas tendrán que reaccionar con prioridad.
• Cuando lo permitan las legislaciones nacionales, las autoridades de los Estados miembros podrán ordenar a cualquier plataforma que opere en la UE, independientemente de dónde tenga su sede, que elimine contenidos ilícitos. Las plataformas en línea muy grandes tendrán que adoptar medidas paliativas en la organización general de sus servicios a fin de proteger a sus usuarios frente a contenidos, bienes y servicios ilícitos.

¿Cómo protegerá la Ley de Servicios Digitales contra las mercancías inseguras o falsificadas?
La Ley de Servicios Digitales establecerá medios eficaces para que todos los agentes del ecosistema en línea luchen contra las mercancías ilícitas.
• Las plataformas contarán con procedimientos obligatorios para retirar esas mercancías.
• También se pedirá a los mercados en línea que rastreen a sus comerciantes («conocimiento del cliente empresarial»). De este modo se garantizará un entorno seguro, transparente y fiable para los consumidores y se disuadirá a los comerciantes de abusar de las plataformas para vender mercancías inseguras o falsificadas.
• Además, se pedirá a las plataformas en línea que organicen sus interfaces en línea de manera que los comerciantes puedan cumplir sus obligaciones de información para con los consumidores.
• También se dispondrá de un nuevo sistema de alertadores fiables, por ejemplo, para los propietarios de marcas que luchan contra las mercancías falsificadas, a fin de agilizar y simplificar la denuncia y la retirada de las mercancías falsificadas.
• Las autoridades públicas dispondrán de nuevas herramientas para ordenar directamente la retirada de productos inseguros.
• Los mercados también estarán obligados a realizar esfuerzos razonables para comprobar aleatoriamente si los productos o servicios han sido identificados como ilegales en cualquier base de datos oficial y adoptar las medidas adecuadas.
• Las plataformas en línea muy grandes serán objeto de una evaluación de riesgos auditada que incluirá un análisis de su vulnerabilidad a los productos ilegales en sus plataformas, y sus medidas de mitigación a este nivel organizativo también serán objeto de auditorías anuales.

¿Cómo protegerá la Ley de Servicios Digitales a los menores?
Con arreglo a las nuevas normas, los proveedores de plataformas en línea accesibles a los menores estarán obligados a poner en marcha medidas adecuadas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en sus servicios.
Además, las nuevas normas prohibirán la publicidad dirigida a los menores basada en la elaboración de perfiles que utilicen los datos personales de los usuarios de sus servicios cuando puedan establecer con una certeza razonable que el destinatario del servicio es menor.

¿Cómo puede hacerse frente con eficacia a los contenidos nocivos, pero no ilícitos?
En la medida en que no sean ilícitos, los contenidos nocivos no deben recibir el mismo trato que los ilícitos. Las nuevas normas solo establecerán medidas para eliminar o fomentar la retirada de contenidos ilícitos, respetando plenamente la libertad de expresión.
Al mismo tiempo, la Ley de Servicios Digitales regula las responsabilidades de las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño en lo que respecta a cuestiones sistémicas como la desinformación, los ejes y la manipulación durante las pandemias, los daños a grupos vulnerables y otros daños sociales emergentes. Tras su designación por la Comisión como plataformas y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que lleguen a 45 millones de usuarios tendrán que realizar una evaluación de riesgos anual y tomar las medidas de mitigación de los riesgos correspondientes derivados del diseño y el uso de su servicio. Cualquier medida de este tipo deberá sopesarse cuidadosamente con las restricciones a la libertad de expresión. Deberán someterse asimismo a una auditoría independiente.
Además, la propuesta establece un marco de corregulación en el que los proveedores de servicios puedan trabajar con arreglo a códigos de conducta para hacer frente a los efectos negativos relacionados con la propagación viral de contenidos ilícitos, así como con actividades manipuladoras y abusivas, que son especialmente perjudiciales para los destinatarios vulnerables del servicio, como los niños y los menores.
La Ley de Servicios Digitales fomentará un marco de corregulación para los daños en línea, incluidos códigos de conducta como un Código de buenas prácticas revisado sobre desinformación y protocolos de crisis.

¿Cómo se va a mantener un justo equilibrio desde el punto de vista de derechos fundamentales como la libertad de expresión?
La Ley de Servicios Digitales sitúa la protección de la libertad de expresión es un aspecto central en la norma e incluye la protección contra la interferencia gubernamental en la libertad de expresión y de información de las personas. Las normas horizontales contra los contenidos ilícitos se calibran cuidadosamente y van acompañadas de sólidas salvaguardias en materia de libertad de expresión y un derecho efectivo de recurso, a fin de evitar a la vez la retirada deficiente y excesiva de contenidos por motivos de ilegalidad.
La Ley de Servicios Digitales ofrecerá a los usuarios la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las plataformas en línea de suprimir sus contenidos, incluso cuando estas decisiones se basen en las condiciones de las plataformas. Los usuarios podrán presentar reclamaciones directamente a la plataforma, elegir un organismo de resolución extrajudicial de litigios o solicitar reparación ante los tribunales.
La Ley de Servicios Digitales propone disposiciones sobre la transparencia de las decisiones de moderación de contenidos. En el caso de las plataformas de muy gran tamaño, los usuarios y los consumidores podrán comprender mejor la manera en que estas plataformas repercuten en nuestras sociedades y estarán obligados a mitigar esos riesgos, también en lo que respecta a la libertad de expresión. Tendrán que rendir cuentas a través de informes de auditoría independientes y de un control especializado y público.
Todas las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales, incluido el mecanismo de respuesta a las crisis, se calibran cuidadosamente para promover el respeto de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

¿Cómo lucha la Ley de Servicios Digitales contra la desinformación?
Mediante las normas propuestas sobre la manera en que las plataformas moderan los contenidos, sobre la publicidad, los procesos algorítmicos y la mitigación de riesgos, la Ley de Servicios Digitales tratará de velar por que las plataformas, especialmente aquellas muy grandes, rindan cuentas en mayor medida y asuman su responsabilidad por las medidas que adopten y los riesgos sistémicos que planteen, incluida la desinformación y la manipulación de procesos electorales.
La Ley de Servicios Digitales fomentará un marco de corregulación, junto con el Código de buenas prácticas en materia de desinformación actualizado y las nuevas orientaciones de la Comisión, tal como se anunció en el Plan de Acción para la Democracia Europea.

¿Cómo lucha la Ley de Servicios Digitales contra la publicidad en línea?
La Ley de Servicios Digitales contempla cualquier tipo de publicidad, desde la comercialización digital hasta la publicidad basada en temas y los anuncios políticos, y complementa las normas vigentes, tales como el Reglamento general de protección de datos, que ya establece, por ejemplo, normas sobre el consentimiento de los usuarios o su derecho a oponerse a la comercialización digital para destinatarios concretos.
La Ley de Servicios Digitales introduce dos nuevas restricciones relativas a la publicidad personalizada en las plataformas en línea. En primer lugar, prohíbe la publicidad dirigida a menores basada en la elaboración de perfiles. En segundo lugar, prohíbe la publicidad personalizada basada en la elaboración de perfiles utilizando categorías especiales de datos personales, como la orientación sexual o las creencias religiosas.
Estas nuevas normas permitirán a los usuarios comprender y tomar decisiones fundadas sobre los anuncios que vean. Deberán estar claramente informados de si son los destinatarios de cada uno de los anuncios y de la razón de ello, y de quién ha pagado el anuncio; también deben ver muy claramente cuándo se patrocinan contenidos o se publican orgánicamente en una plataforma, así como cuándo los personajes influyentes promueven mensajes comerciales. Las obligaciones de notificación y adopción de medidas también se aplicarán a los anuncios potencialmente ilegales, igual que ocurre con cualquier otro tipo de contenido.
En el caso de las plataformas en línea muy grandes, lo que está en juego socialmente tiene más importancia y las normas incluyen medidas adicionales para paliar los riesgos y permitir la supervisión. Tendrán que mantener y facilitar el acceso a los repositorios de anuncios, lo que permitirá a los investigadores, a la sociedad civil y a las autoridades inspeccionar la manera en que se visualizan y cómo se escogen sus destinatarios. También tendrán que evaluar si sus sistemas de publicidad se manipulan y la manera en que se manipulan, y tomar medidas para paliar estos riesgos.
Las normas se complementan con medidas de la Ley de Mercados Digitales, que aborda las preocupaciones económicas sobre los modelos de publicidad de los guardianes de acceso.

¿Cómo protege la Ley de Servicios Digitales los datos personales?
La Ley de Servicios Digitales se ha formulado en plena conformidad con las normas vigentes en materia de protección de datos, incluido el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, y no modifica las salvaguardias establecidas en estas normas.

¿Cómo aborda a Ley de Servicios Digitales el aspecto de los patrones oscuros?
Las nuevas normas prohíben los «patrones oscuros». Se exigirá a los proveedores de plataformas en línea que no diseñen, organicen ni exploten sus interfaces en línea de manera que induzcan a error, manipulen o distorsionen de cualquier modo de forma sustancial la capacidad de los usuarios de sus servicios para tomar decisiones libres e informadas.
La prohibición complementa, pero no anula, las prohibiciones ya establecidas en virtud de las normas de protección de los consumidores y de protección de datos, en las que un gran número de patrones oscuros que inducen a error a los consumidores ya están prohibidos en la UE.

 

3. Impacto en las empresas

¿Qué servicios digitales abarca la Ley?
La Ley de Servicios Digitales se aplica a los intermediarios en línea, que abarcan servicios como los de los proveedores de servicios de internet, servicios en nube, mensajería, mercados o redes sociales. Se aplican obligaciones específicas de diligencia debida a los servicios de alojamiento de datos y, en particular, a las plataformas en línea, como las redes sociales, las plataformas de intercambio de contenidos, las tiendas de aplicaciones, los mercados en línea y las plataformas de viaje y alojamiento en línea. Un subconjunto de disposiciones establecido en la Ley de Servicios Digitales se centra en las plataformas muy grandes, que tienen un impacto social y económico significativo y que llegan al menos a 45 millones de usuarios en la UE, es decir, al 10 % de la población. Del mismo modo, los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, que den servicio a más del 10 % de los 450 millones de consumidores de la UE, tendrán mayor responsabilidad en la lucha contra los contenidos ilícitos en línea.

¿Qué impacto tendrá la Ley de Servicios Digitales en las empresas?
La Ley de Servicios Digitales moderniza y aclara unas normas que datan del año 2000. Establece una referencia mundial, en virtud de la cual las empresas en línea se beneficiarán de una normativa moderna, clara y transparente que garantiza el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.
Además, para los intermediarios en línea, y en particular para los servicios de alojamiento de datos y las plataformas en línea, las nuevas disposiciones reducirán los costes del cumplimiento de 27 regímenes diferentes en el mercado único. Esto será especialmente importante para las pymes innovadoras, las empresas emergentes y las empresas en expansión, que podrán expandirse en su país y competir con operadores muy grandes. Las pequeñas empresas y las microempresas estarán exentas de algunas de las normas que podrían resultar más gravosas para ellas, y la Comisión supervisará atentamente los efectos del nuevo Reglamento en las pymes.
Otras empresas también se beneficiarán del nuevo conjunto de disposiciones. Tendrán acceso a herramientas sencillas y eficaces para señalar las actividades ilegales que perjudican su comercio, así como a mecanismos de recurso internos y externos, que les ofrecerán una mejor protección contra la supresión errónea, limitando las pérdidas para las empresas y los empresarios legítimos.
Además, los proveedores que adopten voluntariamente medidas para frenar aún más la difusión de contenidos ilícitos podrán estar seguros de que estas medidas no tendrán las consecuencias negativas que tendría no estar protegidos a efectos de la responsabilidad civil legal.

¿Qué impacto tendrá la Ley de Servicios Digitales en las empresas emergentes y la innovación en general?
Hará que sea más fácil orientarse en el mercado único, reducirá los costes de cumplimiento y establecerá unas condiciones de competencia más equitativas. La fragmentación del mercado único perjudica desproporcionadamente a las pymes y a las empresas emergentes que desean crecer, a causa de la falta de un mercado nacional suficientemente amplio y de los costes de cumplir muchas legislaciones diferentes. Los costes de la fragmentación son mucho más fáciles de soportar para las empresas que ya son grandes.
Un código normativo común, horizontal y armonizado, aplicable en todo el mercado único digital, ofrecerá a las pymes, a las plataformas más pequeñas y a las empresas emergentes el acceso a clientes transfronterizos en su fase crítica de crecimiento. Las normas van acompañadas de acciones de normalización y códigos de conducta que deberían apoyar una aplicación fluida por parte de las empresas más pequeñas.

¿Cómo diferenciará la Ley de Servicios Digitales propuesta entre operadores grandes y pequeños?
La propuesta establece obligaciones asimétricas de diligencia debida para los distintos tipos de intermediarios en función de la naturaleza de sus servicios, de su tamaño y de su impacto, a fin de velar por que sus servicios no se utilicen indebidamente para actividades ilegales y que los proveedores operen de manera responsable. Algunas obligaciones sustantivas se limitan únicamente a las plataformas en línea muy grandes, que desempeñan un papel central a la hora de facilitar el debate público y las operaciones económicas. Las plataformas muy pequeñas estarán exentas de la mayoría de las obligaciones.
Al reequilibrar las responsabilidades en el ecosistema en línea en función del tamaño de los operadores, la propuesta garantiza que los costes reglamentarios de estas nuevas disposiciones sean proporcionados.

¿Qué impacto tendrá la Ley de Servicios Digitales propuesta en las plataformas y en las plataformas de muy gran tamaño?
A todas las plataformas, excepto las más pequeñas (que emplean a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual y/o balance anual total no es superior a 10 millones EUR), se les exigirá establecer mecanismos de reclamación y recurso y mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, cooperar con alertadores fiables, tomar medidas contra las notificaciones abusivas, tramitar las reclamaciones, examinar las credenciales de proveedores terceros y ofrecer transparencia en materia de la publicidad en línea destinada a los usuarios.
Además, las plataformas en línea muy grandes, que llegan a 45 millones de usuarios o más (es decir, que representan el 10 % de la población europea) están sujetas a normas específicas debido a los riesgos especiales que plantean en materia de difusión de contenidos ilícitos y daños a la sociedad.
Las plataformas en línea muy grandes tendrán que cumplir las obligaciones de gestión de riesgos, auditoría externa de riesgos y rendición de cuentas pública, ofrecer transparencia a sus sistemas de recomendación y posibilidades de elección de los usuarios para acceder a la información, y compartir datos con las autoridades y los investigadores.

¿A qué sanciones se enfrentarán las empresas si no cumplen las nuevas normas?
El nuevo mecanismo de aplicación, que consiste en la cooperación nacional y a escala de la UE, supervisará la forma en que los intermediarios en línea adaptan sus sistemas a los nuevos requisitos. Cada Estado miembro deberá designar un coordinador de servicios digitales, que será una autoridad independiente responsable de supervisar los servicios de intermediación establecidos en dicho Estado o de coordinarse con las autoridades sectoriales especializadas. Para ello, impondrá sanciones, incluidas multas económicas. Cada Estado miembro especificará claramente las sanciones en su legislación nacional de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento, velando por que sean proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción, aunque también disuasorias para garantizar el cumplimiento.
En el caso de las plataformas muy grandes, la Comisión tendrá poderes directos de supervisión y podrá, en los casos más graves, imponer multas de hasta el 6 % del volumen de negocios mundial de un proveedor de servicios.
El mecanismo de ejecución no se limitará únicamente a las multas, ya que el coordinador de servicios digitales y la Comisión estarán facultados para exigir medidas inmediatas cuando sea necesario para hacer frente a daños muy graves, y las plataformas podrán contraer compromisos sobre el modo en que les pondrán remedio.
En el caso de las plataformas deshonestas que se nieguen a cumplir obligaciones importantes y pongan así en peligro la vida y la seguridad de las personas, será posible, como último recurso, solicitar a un órgano jurisdiccional la suspensión temporal de su servicio, tras la participación de todas las partes interesadas.

 

4. Impacto en los Estados miembros

¿Cómo puede colmarse la brecha entre las legislaciones de los Estados miembros?
La experiencia y las tentativas de los últimos años han puesto de manifiesto que las medidas nacionales individuales para hacer frente a los problemas relacionados con la difusión de contenidos ilícitos en línea, sobre todo cuando se trata de plataformas en línea muy grandes, no alcanza a hacer frente con eficacia a los retos en cuestión y a proteger a todos los europeos de los daños en línea. Además, la falta de coordinación de las medidas nacionales impone obstáculos suplementarios a las pequeñas empresas en línea y a las empresas emergentes que soportan importantes costes para poder cumplir todas las diferentes leyes aplicables. Unas normas actualizadas y armonizadas protegerán y servirán mejor a todos los europeos, tanto particulares como empresas.
La Ley de Servicios Digitales propondrá un conjunto de disposiciones para toda la UE. Todos los ciudadanos de la UE tendrán los mismos derechos, un sistema común de garantía del cumplimiento los protegerá de la misma manera y las normas aplicables a las plataformas en línea serán idénticas en toda la Unión. Esto significa procedimientos normalizados de notificación de contenidos ilícitos, el mismo acceso a los mecanismos de reclamación y recurso en todo el mercado único, el mismo nivel de transparencia de los sistemas de moderación de contenidos o de publicidad, y también la misma estrategia supervisada de reducción del riesgo cuando se trate de plataformas en línea muy grandes.
Al mismo tiempo, como Reglamento, la Ley de Servicios Digitales se aplicará directamente y no solo sustituirá a las legislaciones nacionales que se solapan con el mismo objetivo, sino que, como instrumento de armonización plena, los Estados miembros de la UE no pueden ir más allá de la Ley de Servicios Digitales en sus legislaciones nacionales.

¿Qué instituciones supervisarán las normas y quién las seleccionará?
La Comisión, responsable principal de las plataformas y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios en la UE, y los Estados miembros, responsables de las plataformas más pequeñas según el Estado miembro de establecimiento, compartirán la supervisión de las normas.
La Comisión tendrá las mismas competencias de supervisión que tiene en virtud de las actuales normas antimonopolio, incluidas las competencias de investigación y la capacidad de imponer multas de hasta el 6 % de los ingresos mundiales.
Los Estados miembros deberán designar a las autoridades competentes (los coordinadores de servicios digitales), antes del 17 de febrero de 2024, para supervisar la conformidad de los servicios establecidos en su territorio con las nuevas normas y participar en el mecanismo de cooperación de la UE de la Ley de Servicios Digitales propuesta. El coordinador de servicios digitales será una autoridad independiente con estrictos requisitos para llevar a cabo sus tareas con imparcialidad y transparencia. El nuevo coordinador de servicios digitales de cada Estado miembro será un importante centro regulador que garantizará la coherencia y la competencia digital.
Los coordinadores de servicios digitales cooperarán en el seno de un grupo consultivo independiente, llamado Consejo Europeo de Servicios Digitales, que podrá prestar apoyo mediante análisis, informes y recomendaciones, y coordinar el nuevo instrumento de investigaciones conjuntas por los coordinadores de servicios digitales.

¿Cuál será el papel de la Comisión en la supervisión de las plataformas?
La aplicación de la Ley de Servicios Digitales a los prestadores de servicios intermediarios establecidos en su territorio es principalmente una tarea de las autoridades nacionales competentes, en particular los coordinadores de servicios digitales.
Sin embargo, en lo que respecta a la supervisión de las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea, será la Comisión la única autoridad para supervisar y hacer cumplir las obligaciones específicas en virtud de la Ley de Servicios Digitales que solo se aplican a estos proveedores. Además, la Comisión, junto con los coordinadores de servicios digitales, también será responsable de la supervisión y del cumplimiento de cualquier otra cuestión sistémica relativa a las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda.
Una parte importante del marco de supervisión y ejecución de la Ley de Servicios Digitales también será el Comité, cuyos miembros serán coordinadores independientes de servicios digitales.

¿Cómo financiará la Comisión los costes asociados a las nuevas competencias de supervisión y ejecución?
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Servicios Digitales, es importante que la Comisión disponga de los recursos necesarios, en términos de personal, conocimientos especializados y medios financieros, para el desempeño de sus funciones en virtud del presente Reglamento. Con este fin, la Comisión cobrará tasas de supervisión a dichos proveedores, cuyo nivel se establecerá anualmente. El importe global de las tasas anuales de supervisión cobradas se establecerá sobre la base del importe global de los costes en que incurra la Comisión para ejercer sus funciones de supervisión en virtud del presente Reglamento, según una estimación previa razonable.
La tasa anual de supervisión que se cobrará a los proveedores de plataformas en línea de muy gran tamaño y motores de búsqueda debe ser proporcional al tamaño del servicio, tal como se refleja en el número de destinatarios en la Unión. A tal fin, la tasa anual de supervisión individual no debe superar un límite máximo global para cada prestador de plataformas en línea de muy gran tamaño y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, teniendo en cuenta la capacidad económica del prestador de servicios designados. Este límite máximo se fija en el 0,05 % de los ingresos netos mundiales anuales del proveedor de que se trate.

¿Cuándo empezará a aplicarse la Ley de Servicios Digitales?
Las normas empezarán a aplicarse en dos fases:
La Ley de Servicios Digitales será directamente aplicable en toda la UE a partir del 17 de febrero de 2024, quince meses después de su entrada en vigor. Para entonces, los Estados miembros deben facultar a sus autoridades nacionales para hacer cumplir las nuevas normas sobre las plataformas más pequeñas y las normas relativas a cuestiones no sistémicas en las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño.
En el caso de las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, supervisados directamente por la Comisión en lo que respecta a las obligaciones sistémicas, las nuevas normas se pondrán en marcha antes. En primer lugar, todas las plataformas en línea, excepto las micro y las pequeñas empresas, estarán obligadas a publicar datos sobre el número de usuarios mensuales activos a más tardar el 17 de febrero de 2023. También se las invita a comunicar estos números a la Comisión, que evaluará si alcanzan el umbral de 45 millones de usuarios y, por tanto, deben ser designadas plataformas o motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño. Una vez designados por la Comisión, los proveedores de plataformas y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño disponen de cuatro meses para cumplir la Ley de Servicios Digitales, incluida la realización y presentación a la Comisión de una primera evaluación de riesgos de conformidad con la citada La Ley de Servicios Digitales.

 

5. Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica

¿Qué conocimientos técnicos tiene la Comisión para supervisar a los mayores intermediarios en línea?
La Comisión se ha estado preparando para asumir la responsabilidad de supervisarlas plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño en el marco de la Ley de Servicios Digitales, incluidos los esfuerzos para aumentar la dotación de personal y los conocimientos especializados en el ámbito de la ciencia de datos y los algoritmos, entre otros.
El Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, integrado en el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión, reforzará la función supervisora de la Comisión. El Centro aportará conocimientos técnicos, investigación científica y prospectiva al papel exclusivo de la Comisión en materia de supervisión y ejecución de las obligaciones sistémicas de las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño previstos en la Ley de Servicios Digitales. Contará con un equipo de expertos especializados, que también trabajará en la identificación y medición de los riesgos sistémicos.

¿Cuál será el papel del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica?
El Centro prestará asistencia técnica interna en el ámbito de los sistemas algorítmicos vinculados al objetivo de la Ley de Servicios Digitales de garantizar un entorno en línea seguro, predecible y fiable, aprovechando los conocimientos especializados en diferentes disciplinas para integrar perspectivas técnicas, éticas, económicas, jurídicas y medioambientales.
El Centro centralizará la investigación centrándose en la transparencia algorítmica, garantizando que las decisiones tomadas por algoritmos que apoyan la prestación de servicios digitales sean transparentes y explicables y estén en consonancia con las obligaciones de gestión de riesgos de las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño.

¿Cuándo estará operativo el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica?
Se espera que este Centro sea plenamente operativo en el primer trimestre de 2023. Aunque la mayor parte de su personal estará ubicado en la sede del Centro Común de Investigación, con sede en Sevilla (España), también colaborará estrechamente con colegas del CCI con sede en Ispra (Italia) y Bruselas (Bélgica).

*Actualizado el 14.11.2022

Arriba, en la foto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Fotógrafo: Claudio Centonze / Imagen cortesía de la CE 

 

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